1. Introducción Descargar informe en PDF
Solamente permitamos que los hechos hablen por sí mismos. La industria minera de Honduras ha sido responsable de graves perjuicios al ambiente y, muy al contrario del discurso con el que mantiene su presencia en las comunidades, no ha sido un factor de desarrollo y buen vivir. La lista de casos de daños causados por malas prácticas en yacimientos mineros es larga y muy bien documentada[1]: va desde la destrucción directa de Ecosistemas, la contaminación del aire generada por las ingentes cantidades de partículas de polvo levantadas por grandes explosiones, el envenenamiento de fuentes de agua hasta alcanzar daños irreversibles a la biodiversidad. A esto se añade el escaso impacto que ha tenido en las finanzas públicas.
Además de las evidentes externalidades negativas arriba mencionadas, se advierten también otros fenómenos que no son tan visibles a primera vista, pero que han sido igualmente perjudiciales para la salud física y mental de individuos, así como el comunitario. Estos tienen que ver, por un lado, con condiciones laborales inseguras, el paulatino deterioro de los modos tradicionales de producción locales, y por otro, la generación de graves conflictos personales, familiares y comunitarios[2], además de otros trastornos que afectan el marco de relaciones entre sectores sociales, afectando gravemente la cohesión comunitaria y de otros vínculos importantes que posibilitan la continuación de la vida y el bienestar[3].
Por lo anterior, existe la necesidad de poner a la minería en su contexto, es decir como una industria productora de grandes beneficios para los dueños de las concesiones y explotaciones, pero también como fuente directa de pobreza y dolor para muchas personas, familias y comunidades, todo esto al tiempo que se debería destacar el papel del Estado como un ente defensor y facilitador de las actividades mineras y, a menudo, como colaborador y ejecutor directo de acciones violatorias de los derechos humanos de los pobladores.
Debido a lo anterior, el propósito central de este documento es generar evidencias del impacto real ha tenido la industria minera en el país, y que van más allá de sus beneficios materiales inmediatos. Esto debería servir como fundamento para la promoción de un debate público en torno a la necesidad de revisar la actual normativa que rige en el sector minero, al mismo tiempo que se promuevan, aprueben e implementen nuevas políticas públicas enfocadas, en primer lugar, en la conservación de la naturaleza, el derecho de las personas a vivir en un entorno saludable y de acceder a los recursos que necesitan para subsistir. Y, en segundo lugar, pero no menos importante, en la reparación, compensación económica y ambiental causados por los daños de las actividades mineras en curso.
Por lo demás, y con base en la perspectiva de la justicia ambiental y tributaria, este informe busca examinar el papel jugado por la minería en el deterioro medio ambiental y social de las comunidades donde se han explotado yacimientos mineros a gran, mediana o pequeña escala, así como presentar recomendaciones para generar políticas públicas tributarias que apunten a reparar los daños ambientales generados y compensar económicamente a las víctimas directas de los daños por los perjuicios. Por ello en este informe se destacan los daños ambientales y sociales causados por actividades mineras, a través de la presentación de dos casos emblemáticos o paradigmáticos. También se expone la necesidad de crear medidas y mecanismos concretos basados en la justicia tributaria que faciliten la reparación o remediación de daños causados por las mineras en activo.
Para finalizar, quizás sea hora de replantearse la validez del modelo extractivista implantado en el país, lo que lleva a establecer preguntas como, ¿minería para qué? Y ¿minería para quiénes? También surgen preguntas sobre si en realidad es necesaria la minería a gran escala.
Si la respuesta es positiva, entonces, cómo se deberían repartir los beneficios de manera justa, al tiempo que se revisa el modelo de explotación para que este no termine dañando de forma permanente el medio ambiente de las comunidades y su delicado tejido social. Sin embargo, lo anterior será posible solamente sí se reafirma el derecho de las personas a ser consultadas y obtener un consentimiento libre, previo e informado antes de ser reubicados o adoptar o aprobar otras medidas que puedan afectar las propiedades, territorios o recursos.
Si la respuesta es negativa, entonces es hora de hacer una reevaluación de la matriz productiva y nuestro modelo de crecimiento económico que justifica al extractivismo, para comenzar a buscar otras formas alternativas que sean justas y sostenibles.
[1] https://distintaslatitudes.net/explicadores/rastro-sangre-las-mineras-canadienses-america-latina