Escrito por Aimée Cárcamo
El 14 de septiembre de 2023 fue publicado en el diario oficial La Gaceta el acuerdo No. CSJ-8-2023. Con su aprobación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, a siete meses de su elección en el Congreso Nacional, creó un nuevo circuito judicial para conocer delitos de corrupción, delitos tributarios y de criminalidad organizada.
De esa manera, el Circuito Nacional Anticorrupción, que se creó a instancias de la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), dejó de ser una estructura al servicio exclusivo de la lucha anticorrupción para adherirse a un sistema judicial en el que los jueces y juezas que lo integran conocerán todas las materias establecidas en el acuerdo.
En sus considerandos, la Corte Suprema de Justicia justificó que la división de competencias por especialidad del delito, ha originado diversos conflictos que generan atrasos en la aplicación de la justicia. Además, argumentó que la medida busca optimizar el talento humano y los recursos materiales, ante la desigual distribución de la carga laboral entre los órganos jurisdiccionales.
Para el caso, entre los delitos de criminalidad organizada, los de extorsión representaron el 80 por ciento de los ingresos totales que tuvieron durante el período 2018-2023 los juzgados de Letras en Materia de Corrupción, Extorsión y Competencia Nacional, que ahora integran el nuevo circuito. Los de corrupción significaron apenas el 3%.
Otros delitos de criminalidad organizada, que conoce el nuevo circuito, son asesinato y magnicidio, trata de personas, secuestro, explotación sexual comercial, tráfico de drogas y robo de vehículos, entre otros. Los delitos tributarios incluyen contrabando, defraudación fiscal, fraude de subvenciones y ayudas y delito contable. Mientras los de corrupción, delitos contra la administración pública, prevaricato judicial y denegación de justicia.
A criterio de los analistas consultados, la decisión de la Corte Suprema de Justicia fue errónea, y genera interrogantes como las siguientes: ¿podría impactar ese cambio en el proceso para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras? y ¿qué ha pasado con los jueces y juezas seleccionados por la MACCIH?
En la actualidad, el Circuito Judicial con Competencia Nacional de Criminalidad Organizada y Corrupción está integrado de la siguiente manera:
| El Juzgado de Letras de lo Penal | Conformado por los actuales Juzgados de Corrupción, Extorsión, de Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, que actualmente funcionan en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Asimismo, el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios. |
| El Tribunal de Sentencia | Conformado por los actuales Tribunales de Sentencia de Corrupción, Extorsión y Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. |
| La Corte de Apelaciones de lo Penal | Conformada por las actuales la Cortes de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción y Extorsión (que deberán integrar una sola Corte y organizar el trabajo entre sus magistrados en forma equitativa y aleatoria, a través del sistema de rotación de la presidencia de la causa). |
| El Juzgado de Ejecución con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción (creado en el acuerdo) | Integrado como mínimo por tres jueces, entre ellos los que actualmente ejercen la función de Jueces de Ejecución con Competencia Territorial Nacional; dos de los actuales Jueces de Letras con Competencia Nacional o Competencia Territorial Nacional, según la designación que realice la presidencia de la Corte Suprema de Justicia |
| El Juzgado de Privación de Dominio | Que continuará conociendo de las acciones de privación definitiva del dominio de los bienes, productos, instrumentos o ganancias, según la regulación de la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito. |
Fuente: La Gaceta (Acuerdo No. CSJ-8-2023)
Jueces certificados por la MACCIH
En su primer informe semestral, la MACCIH planteó un recuento del proceso que llevó a la creación de la Jurisdicción Nacional Anticorrupción, una propuesta con base en experiencias exitosas en otros países que cuentan con un sistema especializado para el combate de ese flagelo.
La Misión lo planteó desde su presentación en Honduras el 22 de febrero de 2016. La propuesta fue aprobada por el Congreso Nacional, mediante el Decreto Legislativo No. 89-2016, publicado en La Gaceta el 26 de mayo de 2016.
Al proceso de selección se presentaron cien personas (57 mujeres y 43 hombres) para ocupar diez posiciones: dos jueces de letras penales (uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro), cuatro jueces de tribunal de sentencia, tres magistrados de cortes de apelación y un magistrado integrante.
El Comité de Selección estuvo integrado por un magistrado de la Sala de lo Penal, un magistrado de la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, un miembro de la MACCIH y un representante de la sociedad civil, con derecho a voz, pero no a voto.
El abogado Kenneth Madrid fue uno de los miembros del Comité de Selección y sostiene que se llegó a un listado final con base en la meritocracia, según lo establece la Ley de la Carrera Judicial.
A la recepción curricular siguió la fase de evaluación de conocimientos técnicos, audiencias públicas y pruebas de confianza, que no tenían nota e incluían evaluaciones psicométricas, socioeconómicas, patrimoniales y polígrafo. Este proceso “al final determinó la idoneidad de las personas” que fueron escogidas de mayor a menor nota.
La lista que elaboró el Comité de Selección fue la que nombró la Corte Suprema de Justicia, presidida entonces por Rolando Argueta, en el nuevo circuito en materia de corrupción. Los jueces y juezas seleccionados recibieron formación inicial en materia de corrupción, una fuerte capacitación sobre cómo valorar la prueba en ese tipo de delitos y en cómo ser enfático al respecto, recuerda Madrid.
El circuito especial anticorrupción fue la herramienta que la MACCIH utilizó para pelear contra redes de corrupción de alto impacto, dice Alex Navas, exintegrante de esa Misión que fue cancelada el 17 de enero de 2020.
Estos tribunales fueron creados bajo el criterio de que la corrupción tiene condiciones sui géneris en relación con su abordaje, tanto en materia fiscal como judicial y, por lo mismo, los jueces asignados a esos juzgados fueron certificados, capacitados y orientados por la MACCIH.
Las implicaciones del cambio
Navas afirma que, según la doctrina, los tribunales que pueden aguantar más la presión son los que tienen que ver los casos de corrupción y de crimen organizado de alto impacto, pero para ello necesitan jueces con las capacidades, mecanismos logísticos, administrativos y financieros e independencia.
Por lo tanto, considera que es erróneo que un tribunal de justicia con estas capacidades que dejó instaladas la MACCIH se oriente hacia otros temas que no son especialmente corrupción de alto impacto.
Como ejemplo, recuerda lo que pasó con una audiencia en el caso Narcopolítica II, que tuvo que ser cancelada por falta de jueces, “ya que estaban orientados a otros menesteres”.
Madrid concuerda con Navas en que “fue un grave error” fusionar la jurisdicción anticorrupción con la jurisdicción de criminalidad organizada y la de extorsión y dar a esas materias el mismo tratamiento.
Ahora, los jueces en materia de corrupción ven casos de criminalidad organizada como la extorsión, delito en el que la valoración de la prueba no es la misma que en materia de corrupción y otros casos, apunta el profesional del derecho.
Ese tipo de diseño en los tribunales impacta directamente en las sentencias que darán los jueces, porque de alguna forma se contaminan con casos que no tienen que ver estrictamente con corrupción o delitos contra la administración pública. Eso podría generar un debilitamiento en esos juzgados porque, además, le quita la coraza de independencia y autonomía que tenían los jueces que dejó la MACCIH.
Sobre los argumentos de la CSJ para crear el nuevo circuito, Madrid explica que ciertas decisiones no obedecen a la carga procesal, sino a la cobertura especializada que deben dar los juzgados y a lo rigurosas que son materias como la corrupción.
El circuito anticorrupción denotaba la especialización de la materia, garantizaba que los jueces fueran profesionales cada día mejores en el tema de corrupción, sentaran precedentes con cada requerimiento fiscal y trataran los casos con la celeridad correspondiente para dar respuesta a la sociedad.
Aunque reconoce que hay una teoría general sobre cómo valorar la prueba, argumenta que, al final, cada materia tiene su propia especialización y valoración. Con una jurisdicción especializada en materia de corrupción, lo que se había querido lograr era darle la prioridad que ameritan estos casos y no dilatarlos, dice el entrevistado.
“Ahora ya no hay garantía de tener fallos especializados en materia de corrupción, lo que es un retroceso”, sostiene Madrid, quien dice también que no comprende “por qué deshacerse de una jurisdicción especializada que le daba tanto prestigio al país en la emisión de justicia”.
¿Dónde están ahora?
Con el cambio en el circuito anticorrupción, algunos jueces pidieron ser trasladados y otros fueron movidos inconsultamente, un aspecto que rompió con el principio general de certificación que había dado la MACCIH.
“Al final, la Corte Suprema prácticamente ahora ya tiene desarticulado el personal que entró a ingresar ahí, desde jueces hasta archiveros, porque los ha ido acomodando a su conveniencia”, señala Madrid.
Navas, por su parte, también indica que una parte de los jueces continúa en el nuevo circuito, pero otros no cuentan con carros blindados, seguridad o el plus en salarios, entre otras prebendas administrativas que tenían anteriormente. Esto limita su accionar durante el momento de emitir sentencias o resoluciones que puedan afectar a grupos de poder.
Ese proceso de debilitamiento empezó con la Corte de Argueta, apunta.
¿Y qué pasará con la CICIH?
Aunque dice desconocer los entresijos y las hojas de ruta que tomará el nuevo convenio de la CICIH, o si las líneas de trabajo estarán en consonancia con el Poder Judicial, estrictamente con un circuito anticorrupción, para Navas ese diseño debería retomarse desde el principio, como lo dejó la MACCIH.
Eso significa quitarle toda la carga procesal que no tiene que ver con delitos estrictamente de corrupción de alto impacto.
Navas infiere, además, que esa es una de las condiciones que pone Naciones Unidas en el diagnóstico que hizo en sus visitas a Honduras. Es decir, se necesita de un circuito anticorrupción, totalmente independiente de otros temas, que conozcan solamente delitos de corrupción de alto impacto.
El magistrado de la CSJ, Mario Díaz, es de la opinión que el nuevo circuito no es incompatible con la CICIH, “porque el circuito sigue especializado en materia de corrupción”.
Asegura que, si hubiese algo que ajustar, “nosotros estaríamos en la disposición” de hacerlo para una mejor comunicación entre la CICIH y el Poder Judicial, a través de sus circuitos especializados.
Madrid pone en duda que la nueva jurisdicción especializada esté respondiendo a los casos en materia de corrupción, porque su prioridad es otra: delitos de extorsión y crimen organizado.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana de agenda anticorrupción y apoyo a la instalación de la CICIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.